El Consejo de Ministros aprobó ayer el procedimiento que permitirá empezar a indemnizar a los miles de españoles que han desarrollado gravísimas enfermedades como consecuencia de su exposición durante años al amianto. El real decreto, que llega tres años después de que se crease por ley el fondo que daba derecho a estas compensaciones, estará en vigor en tres meses.

Este reglamento recoge que las personas que sean acreditadas como beneficiarios, o los herederos de sus derechos, recibirán en un solo pago una ayuda de entre 32.207 y 96.621 euros, según la gravedad que les haya causado éste producto tóxico, normalmente por su contacto laboral prolongado, pero en ocasiones también por aspiraciones en el domicilio o a través de la contaminación ambiental.

Se considerará beneficiarios a todos los que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente derivada de enfermedad profesional por el amianto,  a los que tengan derecho al cobro de indemnización judicial y no la hayan recibido por completo y a los que no estén en los casos anteriores pero tengan diagnosticados tres tipos de cánceres (mesotelioma, de pulmón o laringe) o asbestosis con repercusión funcional moderada o severa causados por los minerales tóxicos.

Los candidatos a la ayuda deberán lograr en sus consejerías de Sanidad un certificado del diagnóstico de las citadas patologías, tras lo que podrán solicitar la compensación a la Tesorería del Instituto Nacional de Seguridad Social. Si no les contestan en seis meses, se lo habrán denegado.

La cuantía tiene como base la media anual de la pensión de incapacidad permanente, que se multiplicará según la enfermedad. La asbestosis dará derecho a un pago de 32.207 euros; el cáncer de laringe a 48.310; el cáncer de pulmón a 64.414; y el mesotelioma, a 96.621 euros. Si sufren varias patologías se indemnizará por la de mayor gravedad.

Reus es la cuarta ciudad de Catalunya con más cubiertas de amianto pendientes de retirada, con la nueva ley que obligará a su eliminación a punto de ser aprobada por el Parlament, ya que este mineral supone una amenaza para la salud pública.

Según datos del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Tarragona (COATT), la capital del Baix Camp acumula 1.273 cubiertas afectadas, el doble que Tarragona, con 634. A nivel catalán, sólo Barcelona, Lleida y Sabadell superan esa cifra.

En el Camp de Tarragona, detrás de Reus, hay municipios como Tortosa (1.141 cubiertas), Valls (636) y Riudoms (560). En total, la demarcación acumula cerca de 6.000 cubiertas con amianto. El estudio del COATT, elaborado mediante drones, permitió identificar con precisión las cubiertas afectadas, que se concentran principalmente en naves industriales, almacenes agrícolas y zonas comunitarias de edificios construidos entre los años 1950 y 1990, una época en la que el uso de fibrocemento con amianto era habitual.